No hay duda de que la inmigración será uno de los temas críticos a nivel político y social en el 2012. Si bien se ha dado un progreso significativo en cuanto a una preocupación importante - mejorar la seguridad fronteriza - en general, el sistema migratorio esta roto. Estados Unidos podría tener éxito en la reforma, dependiendo del tono de la discusión que se de en este país, de la orientación de los tribunales, y de los vientos políticos predominantes.

Hasta ahora, cuando se habla de la inmigración y los esfuerzos de algunos estados para imponer una solución debido a la falta de una reforma federal, hemos visto una combinación de iniciativas – aplicadas de diversas formas en el mejor de los casos y constitucionalmente insostenibles en el peor de los casos - y una discusión nacional que ha oscilado entre un debate constructivo y el uso de feos estereotipos de odio.

En resumen, el debate sobre la reforma migratoria ha generado una mezcla de lo bueno, lo malo y lo feo.

Vamos a empezar con lo bueno: Tanto el ex presidente George W. Bush y el presidente Obama han apoyado propuestas para una reforma migratoria integral. En un discurso en el 2006, el Presidente Bush declaró que "una reforma migratoria debe ser integral, porque todos los elementos de este problema deben abordarse de forma conjunta - o ninguno de ellos se resolverá del todo." Cinco años más tarde, en su discurso realizado en mayo de 2011, en El Paso, Texas, el presidente Obama hizo eco de estos comentarios, afirmando que "lo que realmente necesitamos hacer es seguir luchando para aprobar una reforma integral genuina."

En agosto pasado, en ausencia de un avance legislativo hacia la reforma migratoria, el presidente Obama, por iniciativa propia, tomó algunas medidas positivas pequeñas, usando su autoridad ejecutiva para aliviar algunas de las dificultades generadas por el roto sistema migratorio, especialmente a favor de los jóvenes y las familias. Por ejemplo, el Departamento Federal de Seguridad Nacional ahora ejerce discreción fiscal para canalizar los recursos de la agencia y aplicarlos sobre aquellos casos que presentan el mayor riesgo para el público. Sin embargo, las acciones del gobierno no eliminan la necesidad de una reforma legislativa integral.

También hay buenas noticias en cuanto al amplio apoyo público de una reforma significativa. Estudios recientes indican un importante apoyo público de reformas, que hacen más eficiente el proceso de los empleadores para contratar trabajadores extranjeros con el fin de realizar trabajos de temporada.

En octubre de 2011, una encuesta nacional realizada por la Liga Antidifamación, encontró que una gran mayoría de los estadounidenses - 60 por ciento - estaba a favor de un camino de seis años para obtener la ciudadanía si los niños habían llegado aquí antes de los 15 años de edad y había vivido aquí por lo menos cinco años. Y el 65 por ciento de los estadounidenses dijo que los hijos de inmigrantes ilegales, que han nacido en los Estados Unidos deben ser considerados ciudadanos estadounidenses.

El sesenta por ciento de los encuestados indicaron que se oponen a cualquier cambio en la Enmienda 14 que eliminaría la ciudadanía automática para cualquiera que haya nacido en los EE.UU.

Ahora viene lo malo: Muchos estados en todo el país - incluyendo Arizona, Alabama, Georgia y Carolina del Sur - han decidido pasar leyes anti-inmigrantes que se encuentran constitucionalmente en un terreno inestable y que son de dudosa eficacia. Algunos tribunales ya están reaccionando contra estas leyes anti-inmigrantes al derribar la más controvertida de las disposiciones.

La Corte Suprema, durante este periodo de sesiones, se pronunciará sobre la legalidad de la SB 1070 de Arizona, la ley estatal que busca expeler a los inmigrantes indocumentados, a través de medidas punitivas. Aprobada en el 2010, la ley de Arizona fue la primera de una oleada de duras leyes estatales de inmigración que están teniendo consecuencias perjudiciales para la industria, los ciudadanos y los inmigrantes documentados e indocumentados por igual.

En muchos de los estados que han aprobado "leyes de imitación" a la ley SB 1070,  la policía local está autorizada para verificar el estatus migratorio de un individuo durante una parada de tránsito o cualquiera otra parada legal; durante la investigación de delitos menores como las leyes de recipiente abierto, consumo de alcohol, por cruzar la calle donde no esta demarcado, o por fumar en un ascensor, incluso en casos de violencia doméstica donde muchas veces tanto el agresor, como la víctima son inicialmente detenidos. Por ejemplo, si una víctima de violencia doméstica, indocumentada, llama al 9-1-1 para reportar un incidente, en uno de estos estados, esta víctima podría ser deportada como resultado de la investigación policial.

Y, por supuesto, lo feo: Los estereotipos, la retórica de odio, y el lenguaje deshumanizante contra los hispanos, los latinos o los inmigrantes, que hemos visto en torno al tema, especialmente durante el último año, amenazan con impedir una reforma significativa y contaminan la discusión nacional.

Independientemente de cómo los estadounidenses se sienten con respecto al debate migratorio, el llamamiento a los prejuicios y la intolerancia, simplemente no tiene cabida en un debate civil.

El clima de parcialidad y hostilidad hacia los inmigrantes que impregna el debate migratorio perjudica a nuestro país y obstaculiza el tipo de reforma que los estadounidenses buscan desesperadamente para el actual desquebrajado sistema migratorio.

Nuestra propia experiencia, en la comunidad judía, nos ha enseñado que cuando una sociedad empieza a distinguir a un grupo como menos digno de derechos, entonces esto dar paso a la discriminación, la explotación, y aún a algo mucho peor. El sistema actual falla, aun más, que para con los inmigrantes en búsqueda de oportunidades y un trato justo. El sistema nos falla a todos nosotros, al negarse a aceptar un futuro que le de la bienvenida a la diversidad y a la igualdad de acceso al sueño americano.

Las consecuencias de un clima anti-inmigrante venenoso, tienen un impacto en todos nosotros. En Alabama, hogar de una de las leyes migratorias más restrictivas del país, los titulares nos informan que en los días posteriores a que la ley entrara en vigor, hasta un 15 por ciento de los estudiantes hispanos tenían demasiado miedo de asistir a la escuela. En otros estados, escuchamos historias de familias separadas, de cosechas pudriéndose en la vid por no ser recolectadas, sobre el vergonzoso arresto de un empleado de una empresa internacional de vehículos, y sobre el daño al turismo.

Sin duda, estas historias destacan la imprudencia de las duras leyes migratorias estatales. Estas disposiciones generan una brecha entre la policía y las comunidades de inmigrantes. En particular, disuaden a los hispanos o latinos - ya sean documentados o indocumentados - a reportar o a servir como testigo de actividades criminales, incluyendo crímenes de odio.

El impacto más severo recae sobre los hispanos o latinos que son indocumentados o tienen miembros de su familia, amigos o compañeros de trabajo que son indocumentados. Para estas personas, estas leyes pueden crear un temor valido de que cualquier contacto con la policía dará como resultado en el arresto o la deportación.

Al comenzar un nuevo año, que promete traer decisiones clave de los tribunales, hay que recordar que hay una conexión directa entre el tono de este debate político y las consecuencias para nuestras comunidades. Nos corresponde a todos nosotros presionar por una reforma migratoria federal, justa y viable, y exigir respeto y un diálogo civil en el proceso.